Joana Moncau
Fotografía: Gabriela Moncau
Traducción: Waldo Lao Fuentes Sánchez

Sao Paulo, Brasil. Fue difícil, pero consiguieron realizar la Marcha de la Mariguana en la ciudad de Sao Paulo. Una disposición del aparato de justicia emitida un día antes prohibió su realización alegando que se trataba de apología al crimen y de “balbúrdia social”. Sin embargo, hicieron la marcha el día 23 de mayo, con una condición: no decir la palabra “mariguana”. Centenas de personas respondieron a esta imposición con el grito: “No soy anónimo, no estoy armado, este debate tiene que ser legalizado”.

La mariguana es la droga ilegal más producida y consumida mundialmente, como apunta el último Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU. Pero para el colectivo Desentorpeciendo la Razón (DAR), que participa en la organización de la marcha, no se debe restringir el debate sobre las políticas de drogas sólo a la mariguana, pues es necesario debatir las alternativas a las políticas de las drogas como un todo.

Al final, la política de criminalización de las drogas no ha dado resultados, sobre todo si consideramos su objetivo de minar el consumo de substancias ilícitas y de disminuir la violencia relacionada al tráfico. Segundo, de acuerdo al propio informe de la ONU, el consumo de las substancias ilegales sigue creciendo. Respecto a la reducción de la violencia, es bastante cuestionable si se consideran los altísimos precios sociales que esa política de guerra contra el tráfico presenta.

Brasil, según el informe, posee el mayor mercado consumidor de la región, en números absolutos, con cerca de 890 mil usuarios. Aquí, las principales víctimas de la política de criminalización son los jóvenes negros de las periferias. De acuerdo con el Mapa de la Violencia de 2010, elaborado por el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, en el año de 2007, la posibilidad de un joven brasileño negro de ser asesinado era 130 por ciento mayor que la de un joven blanco. Los jóvenes de entre 15 y 24 años lideraban los rankings de homicidios con 17 mil 475 muertos.

Para tener una idea del abuso policial que hay en Brasil, Río de Janeiro es un buen ejemplo. Sólo en ese estado, entre enero y junio de 2008 fueron registradas 757 muertes por la policía en “acciones de resistencia de los criminales”. Los datos son del informe de 2009 de la ONG de defensa de los derechos humanos Human Right Watch, que alerta sobre el problema crónico de la violencia policial en Brasil. Vale la pena mencionar la cantidad de presos por tráfico de drogas en este país – gran parte de ellos por portar pequeñas cantidades de droga-. Ellos suman casi 70 mil, número inferior apenas a la cantidad de presos por robo calificado (79 mil), según el levantamiento del Ministerio de la Justicia.

Mientras los usuarios y los traficantes de pequeñas cantidades son duramente reprimidos, los recursos de los grandes traficantes siguen alimentando el mercado financiero. La estimación del informe de la ONU es que el tráfico de drogas mueve anualmente cerca de 500 billones de dólares, de los cuales la mayor de las ganancias se queda en el sistema financiero.

Las drogas hacen parte de la cultura humana y combatir su uso es como querer combatir el baile o la música, lanzó como provocación en cierta ocasión el sociólogo Michel Foucault. Las contradicciones de la política de criminalización de las drogas son muchas y es para algunas de ellas que el DAR apunta.

A continuación la conversación con Júlio Delmanto, integrante del colectivo DAR.

-¿Cómo surgió el DAR? ¿Quién compone el colectivo? ¿Qué acciones propone?

El DAR surgió a comienzos del 2009, a partir de conversaciones sobre alternativas hacia las políticas de drogas entre algunas personas que estudiaban o militaban en el movimiento estudiantil, en otras organizaciones y en la Marcha da Mariguana. Pensamos que necesitábamos de una organización más orgánica que la Marcha, que ampliara el debate más allá del propio usuario y de la mariguana. Intentamos apuntar la discusión para una reglamentación de todas las drogas, recordando que reglamentar no es “liberación general”, por el contrario, la prohibición es que representa la ausencia del control.

Somos un colectivo horizontal, permanentemente abierto, en diálogo con banderas de otros movimientos sociales y trabajando alternativas para la guerra contra las drogas en general. La idea es aumentar la relación con colectivos anti-prohibicionistas de otros estados, para, quien sabe en el futuro, tener una red de colectivos en nivel nacional.

El colectivo actualmente es conformado en su mayoría por estudiantes o recién salidos de las carreras de como Comunicación, Ciencias Sociales, Derecho, Psicología, etcétera. Hemos actuado básicamente en dos frentes: actividades de formación, con miras para dentro, en los que debatimos aspectos sobre las drogas invitando a quien estudia el tema. Y también actividades de “in-conformación”, donde intentamos ampliar el debate de diferentes maneras, con intervenciones públicas.

¿Cuál es el sentido de la Marcha de la Mariguana, generalmente ridiculizada o demonizada?

La Marcha de la Mariguana es un evento mundial, realizado siempre en el mes de mayo. En este año debe ocurrir en más de 300 ciudades del mundo, y en al menos 10 ciudades brasileñas. La Marcha se organiza de manera descentralizada, por lo que tiene un carácter diverso en cada local donde ocurre, pero tiene como principio básico ser un evento lúdico y provocativo. No para defender el uso de la mariguana, sino para cuestionar su prohibición. En el DAR participamos de la organización de la Marcha en la ciudad de Sao Paulo.

En Brasil existen diferentes interpretaciones de justicia en cuanto a la legalidad o no de la Marcha. En algunas ciudades ha sido considerada “apología al crimen” y prohibida, que es el caso de São Paulo en los últimos dos años, lo que es completamente absurdo. Nosotros no estamos defendiendo ningún crimen, estamos exactamente manifestándonos en el sentido de debatir cambios en la ley. La prohibición es absurda e injustificable y afronta  la libertad de expresión y de manifestación. La apología del crimen es definida en el código penal como defensa de acto ilícito o criminal condenado, y nada de eso estamos haciendo.

Pueden discrepar de nuestra posición, pero jamás impedirla de ser defendida en público: la prohibición de la Marcha es inaceptable.

¿Cómo definen la política aplicada mayoritariamente en América Latina en relación a las drogas? ¿Cómo la política antidrogas se ha vuelto un brazo del imperialismo norte americano?

La prohibición de algunas drogas a escala global tiene conexión directa con los intereses de la política externa estadounidense. A partir de intereses económicos, políticos y religiosos, Washington exportó los ideales del prohibicionismo, para después aplicarlos internamente. Se consolidó en 1914, con el Harrison Narcotic Act, considerado el marco inicial del prohibicionismo. Es importante puntualizar que los EUA impusieron, diplomática y económicamente su modelo a otros países sin que hubiera debates en ningún Congreso nacional. Ese modelo se consolida con la incorporación de los acuerdos de combate a las drogas al Tratado de Versalles, en 1919. Sin ser parte de la Liga de las Naciones, los EUA mediaban su órgano antidrogas, lo que se mantuvo después de la Segunda Guerra con la creación de la ONU.

Diferentes substancias psicoactivas genéricamente rotuladas como “drogas”  son usadas desde tempos inmemorables (en América, los primeros registros son de 11 mil años atrás) y solamente en le comienzo del siglo XX fueron prohibidas. Mientras otras drogas, como el alcohol, el tabaco y el café son mantenidas legalmente.

En la medida en que se aproximó el fin de la Guerra Fría, la “guerra contra las drogas” sustituyó el fantasma del comunismo como justificación para la intervención de los Estados Unidos sobre territorios deseados política y económicamente.  Nixon fue el primero en colocar a las drogas como el principal enemigo del american way of life. Lo que siguió fue la construcción de un discurso que colocó a los Estados Unidos como un país amenazado por las malignas drogas, necesitando intervenir militarmente para mantener el orden mundial y la democracia. No es coincidencia la conexión que tiene con el discurso contra el “terrorismo”, lo que se observa en la definición de las guerrillas colombianas como “narcoterroristas”. En las palabras de Domenico Losurdo, “es el uso terrorista del concepto terrorismo”.

Hoy lo que más se cuestiona es que la represión pura y simple no incide sobre el abuso en el uso de drogas, y al mismo tiempo genera muchos aspectos negativos, en tanto los intereses económicos y políticos están por encima de cualquier supuesta defensa de la salud pública.

-¿Cuáles son las consecuencias de la política prohibicionista en Brasil? ¿Cuáles son los principales sectores de la población de los centros urbanos afectados por ella?

El uso comercial de las drogas sobrepasa todos los estratos sociales, pero solamente los pobres y los negros son criminalizados. Al colocar substancias con altísima demanda en la ilegalidad, la prohibición de las drogas automáticamente crea un mercado basado en la violencia como resolución de los conflictos. Además de eso, toda una estructura de ilegalidad penetra en los aparatos estatales, corrompiéndolos todavía más. Vemos así, claramente, que el prohibicionismo  tiene como consecuencias directas la violencia del tráfico y la corrupción policial y estatal.

Por otro lado, se restringen los derechos civiles al privar al individuo de la libre decisión sobre su cuerpo y permite al Estado el uso de la violencia contra sectores marginales de su población, la llamada criminalización de la pobreza. Sin hablar del elemento de justificación de la intervención imperialista. Esas son las consecuencias del prohibicionismo a escala global, no sólo en Brasil.

Como en todo, los efectos son más catastróficos son en el llamado Tercer Mundo. Devastados por las décadas de “ajustes estructurales” del neoliberalismo, esos países tienen en sus periferias contingentes enormes de personas que simplemente no tienen la menor utilidad desde el punto de vista del capital. Las favelas, que antes eran estoque del ejército de reserva, hoy son un depósito de seres humanos superfluos, que necesitan ser contenidos. Dentro de esa lógica, el Estado penal, lo que Loic Wacquant llama la “gestión penal de la miseria”, es la solución, con pobres siendo asesinados y encarcelados en masa. El combate a las drogas cae como un guante dentro de este escenario. Los grandes medios hace mucho legitimaron la pena de muerte en Brasil, cuando se trata de combate a “traficantes”.

-¿En qué medida es posible relacionar el combate a las drogas en Brasil con la guerra al narcotráfico en México, cuyas mayores víctimas son los jóvenes de la periferia, en lugares como Ciudad Juárez?

Tanto en Brasil como en México el discurso oficial del combate a las drogas presupone que existen grandes y bien estructuradas organizaciones “narcotraficantes”. Son los llamados carteles. La verdad, el grado de organización de estas facciones es mínimo, y la conexión entre ellas todavía menos. La identificación de un enemigo organizado es peligroso y es parte de la legitimación de la estrategia militar. Eso se da en México con el supuesto combate a los carteles y, en Brasil, con la consolidación en el imaginario de organizaciones como el Comando Rojo, en Río de Janeiro, o el Primer Comando de la Capital (PCC), en Sao Paulo.

Lo que existe en realidad son, por un lado, los grandes traficantes con conexiones directas con el Estado y que controlan la mayor parte del dinero del comercio de las drogas; y, por otro, incalculables pequeños traficantes, los menudistas, que son los afectados por la represión. Las ganancias se concentran en los oligopolios y en el sistema financiero mundial, pero la represión se concentra en las menudistas. Lo mismo que si se parte de los intereses de salud pública – argumento que queda absolutamente ridículo frente a una rápida comparación entre los muertos por uso de drogas y por su combate –. La represión falla en esta cuestión porque se da sobre sectores que no controlan etapas de producción o distribución. Como canta el rapero brasileño MV Bill, “muere uno, nace otro con mayor disposición”.

-¿Quién se beneficia con el prohibicionismo? ¿Cuáles alternativas defiende el DAR? ¿Por qué el anti-prohibicionismo no significa apología?

El prohibicionismo interesa primordialmente al tráfico de drogas. Con la ilegalidad del mercado y con la manutención de la demanda, los lucros se vuelven absurdamente altos. También interesa a la corrupción estatal y policial, la política externa intervencionista y militarista de los Estados Unidos, la industria de armas y al Estado, como escudo para segregación y criminalización de sectores indeseados. Quien defiende el prohibicionismo, queriendo o no, está haciendo coro con estos intereses.

Es necesario resaltar que defender otras políticas en relación a las drogas no significa defender necesariamente el uso de drogas. Así como no necesito ser una mujer embarazada para defender que el Estado permita el atendimiento digno a quien desea interrumpir su embarazo, no necesito ser usuario de drogas para criticar a un Estado con injerencia sobre la vida privada de sus ciudadanos, y menos una política con tantos efectos nefastos como consecuencia. El prohibicionismo es, en sí, una apología a la violencia y a la resolución de los problemas en el campo militar. Nosotros hacemos apología de la razón y de la paz.

Como alternativas, partimos del presupuesto evidente de que los efectos de las drogas dependen de la forma de cómo son utilizadas, pudiendo ser positivos o negativos. En el caso de estos últimos, las políticas públicas deben apuntar a la reducción de los daños, a partir de las políticas de educación, autocontrol, autoconocimiento y salud pública. El comercio de las drogas puede, y debe, ser reglamentado por el Estado. Ahí se abren diversos debates sobre cómo manera hacerlo, pero no puede quedarse como está, reglamentado por la violencia.

-¿Cuál es la relación de la lucha anti-prohibicionista con otras luchas, como la lucha feminista, o la indígena?

El debate que hacemos se inserta más ampliamente en una discusión sobre libertades individuales y combate a las opresiones. El Estado no tiene derecho de intervenir sobre las decisiones personales y sobre los cuerpos de sus ciudadanos, ya sea legislando sobre el derecho de interrupción del embarazo, en el caso de las mujeres; sobre la sexualidad de las personas; o sobre cuáles drogas (alcohol, heroína o aspirina) las personas coloquen en sus cuerpos. Tampoco podemos aceptar procesos de estigmatización y segregación, que oprimen negros, indígenas y pobres, rebajados a una condición de sub-ciudadanos. La legalización de las drogas no resuelve estas cuestiones, pero ubica en el Estado un importante elemento de criminalización de estos sectores. Tenemos que buscar otras formas de organizar nuestras sociedades, más allá de la sumisión al mercado y al capital.