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Setembro 01, 2010

Funk e corrido: a criminalização da cultura dos de baixo

Para celebrar um ano de reconhecimento oficial do funk como manifestação cultural, o DAR indica a seguinte reportagem do Desinformémonos -  uma importante iniciativa de comunicação popular, criada no México por grupos que apóiam o movimento zapatista de libertação nacional e distribuído por vários cantos do planeta.

O texto trata do funk e dos corridos, ritmos que, estabelecendo um contraponto ao discurso oficial, narram episódios da guerra às drogas. O link original, com fotos, é este. Uma versão em português (reduzida) pode ser baixada em PDF.

Funk y corrido: la criminalización de la cultura dos de abajo

Separados por el idioma y la cultura, pero unidos en una dura realidad, los nadie de Brasil y México tratan de cantar su historia, pero son silenciados.

Rodrigo Vinagre
Traducción: Waldo Lao Fuentes Sánchez

São Paulo, Brasil. Once de la mañana, Tijuana, México. Del viejo tocacintas se escucha la canción de los Tigres del Norte: “El helicóptero andaba / sonando un mini 14 / abajo cuernos de chivo / y carabinas del 12 y / relampagueaban seguido/ las R-15 esa noche”. Mientras tanto, en Río de Janeiro, Brasil, del celular del “menor”, los versos de Mc Junior y Mc Leonardo van acompañados por el ritmo electrónico: “Ametralladora AR-15 es muy buena / La Intratek con disposición / Viene a superar 12 de repetición / 45 que un pistolón”.

Geográficamente distantes, pero con similares realidades sociales, las periferias mexicanas y brasileñas son rutas de paso para el tráfico internacional y también abrigan el comercio minorista de drogas ilícitas. Por eso, sus pobladores viven en medio de un fuego cruzado y son víctimas de la llamada guerra contra las drogas.

Los corridos en México y los Mc’s (que hacen las letras de las canciones de funk y rap) en Brasil, retratan lo cotidiano de esa realidad que las páginas de los grandes periódicos insisten en ocultar. Música de gran éxito entre los jóvenes de las periferias de estos países, los ritmos son perseguidos por ambos gobiernos. Parte de la cultura de los de abajo, establece un contrapunto peligroso para el discurso oficial sobre los episodios de la guerra contra las drogas.

El “funk prohibido” no puede ser clasificado como una vertiente genuina del funk.”¿Quién crea esta etiqueta de prohibición? Es la misma prensa y el poder público que criminalizan el funk”, dice la antropóloga Adriana Facinas, quien apoya la Asociación de Profesionales y Amigos del Funk, la ApaFunk. Presidida por Mc Leonardo (el mismo que escribió la letra mencionada al principio de este reportaje) la ApaFunk tiene un papel importante en la defensa del respeto a la cultura del funk.

Respecto al título de narcocorridos (dado a los corridos que tratan sobre la cuestión del tráfico de drogas) Andrés Contreras, el Juglar de los Caminos, corridista mexicano famoso por acompañar y narrar hechos de los zapatistas y de otros movimientos sociales en el país, comenta: “No dudo que hayan sido las compañías disqueras quienes así los bautizaron. Al darle esa distinción, lo hacen con el objeto de vender más.”

Las Geografías y sus testigos

En México, originalmente en estados del norte como Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora y Durango, y con el paso del tiempo en todo el país y en comunidades hispánicas de todo el mundo, los narcocorridos que hablan sobre episodios y personajes ligados a quienes viven cerca de los sectores productores y de los minoristas de drogas son un suceso entre los jóvenes

Composiciones como “El agricultor” (Tucanes de Tijuana) pueden ser escuchadas por algunos como una denuncia contra la devastación neoliberal. La canción cuenta la historia de un campesino que pasó a cultivar marihuana para escapar de la miseria: “No soportaba la pobreza / las promesas me cansaron. / Me estaba muriendo de hambre / y todo por ser honrado. / Al igual que muchos otros, tengo derecho a la vida / hoy tengo mucho más dinero / y vivo como quería / sigo siendo agricultor / nomás cambié de semilla…” Y agrega: “No se me espanten señores / yo sólo ando trabajando / y al país traigo divisas / y empleos estoy generando/ pero hay otros peores que yo / pero los andan cuidando…”

En Brasil, principalmente en Río de Janeiro, es el “funk prohibido” quien registra este universo. La letra de la canción “Río de Janeiro plomo caliente”, compuesta por Mc Leonardo y Mc Junior, muestra la cara violenta de las favelas. “Es fácilmente varias armas y varios peines / De calibre diferente vienen llegando al morro / vienen municiones de todas partes del mundo / Varias tiros por segundo / lanza misiles, granadas y cohetes /para los menores preparados llenos de disposición / Para enfrentar a la policía y al bandido Alemán / Traficantes, gobernantes por favor piensen en nosotros / Sálvese quien pueda / Porque en Río el plomo está caliente”.

El Mc Mr. Catra reproduce el lema que se ha convertido en clásico en el movimiento Hip Hop – de donde se origino el funk carioca – : “Funk es el periódico popular”. “Somos la CNN negra”, como decía en los años 80 el rapero neoyorkino Chuck-D del grupo Public Enemy. Entre los guetos negros de los Estados Unidos, las periferias mexicanas y las favelas de Río, el fenómeno es parecido. Lo que los periódicos de los de arriba titubean en afirmar, el funk lo dice alto y claro, y quizás sea eso lo que incomoda tanto a la policía y a los políticos. Ejemplo de eso son los funks que comentan los “aciertos” entre los policías y las facciones del narcotráfico en Río de Janeiro. “Estas informaciones no salen en la televisión. Son los funks de la favela que están hablando de eso. Las personas ven, saben lo que pasa y lo relatan. Son un contrapunto que se tiene de las diversas versiones oficiales”, dice Adriana Facina.

“Quién canta la realidad de la favela no sigue ninguna norma preestablecida, es puro sentimiento y tiene que ser respetado”, dice Mc Leonardo, presidente de la ApaFunk.

México y Brasil se encuentran entre las 15 mayores economías del mundo, pero tienen indicadores sociales preocupantes. Según un informe publicado por el Banco Mundial en 2009, México es el país número 53 en el ranking de desarrollo humano; Brasil aparece en la posición número 75. En este contexto, la economía de la droga se instaló en la periferia de los dos países, ofreciendo empleo a los jóvenes sin perspectivas, pero con alto riesgo de muerte.

Quienes bailan son los jóvenes

La mayor parte de las víctimas de la guerra contra las drogas tanto en México como en Brasil tienen un perfil semejante. Son pobres, jóvenes y residentes de áreas precarias. Son la etnia muda.

Mc Leonardo conoce de cerca la dura realidad de los jóvenes que trabajan con el tráfico en las periferias de Río de Janeiro: “Ellos no ganan más de mil 200 reales (600 dólares) por mes, permanecen en las azoteas, pasan la noche, están desnutridos y son asesinados cobardemente; sólo basta tener una pasaje de la policía”.

Según el informe de la ONU publicado este año y divulgado por la ONG Justicia Global, la policía fue responsable por lo menos de 11 mil muertes registradas como “resistencia seguida de muerte” en Sao Paulo y Río de Janeiro – dos de los estados que tienen más población de Brasil – entre los años 2003 y 2009. “Las evidencias demuestran claramente que muchas de estas muertes eran en realidad ejecuciones, pero la policía inmediatamente las etiquetó como ‘resistencia’, y casi nunca son seriamente investigadas. El Gobierno todavía no ha terminado con esta práctica abusiva”, dice el informe. La mayor parte de estos muertos en la periferia son jóvenes de 16 a 24 años.

“Deberíamos estar luchando juntos. Ir hasta la Suprema Corte de este país para discutir de qué manera estos jóvenes están siendo asesinados, la mayoría con tiros en la espalda o el cuello, con poco estudio y una historia de familia desestructurada”, dice indignado Mc Leonardo.

En México, según un informe publicado por la Associated Press en el pasado mes de abril, desde 2006 – año en que Felipe Calderón (PAN), asumió la presidencia – han sido asesinados más de 22 mil Josés, Lupitas, Ramonas y otros tantos hombres y mujeres. El mismo informe advierte que cerca del 90 por ciento de estas muertes son clasificadas como “ejecuciones”.

Para Andrés Contreras, la guerra contra las drogas es una farsa: “En México, el narco ya se metió en todas las instituciones: gobierno, ejército, policía, iglesia, empresas y también en las televisoras y periódicos, lo mismo que en la política. Es algo que ya no se puede ocultar”, dice el Juglar de los caminos y continúa: “Para mantener ese engaño se criminaliza una expresión cultural muy valiosa e importante, como lo es la música que describe las acciones de quienes se dedican al tráfico de las drogas”.

Los medios de comunicación criminalizan

La criminalización de funk o batidao – como es también conocido por los medios de comunicación – viene de lejos. En los años 70, los bailes de la música negro estaban vigilados por la policía de la dictadura, por temor a que el culto de las personalidades negras vinculadas al movimiento norteamericano BlackPower diera lugar a algún movimiento político de contestación a los militares.

En los años 80 y 90, al mismo tiempo que se re-democratizaba, Brasil pasó por una fuerte crisis económica y el tradicional miedo que le tienen las élites a los pobres se volvió histeria. Después de una serie de episodios violentos protagonizados en las playas de la zona sur de Río por jóvenes de la periferia en 1992, el funk llevó la peor parte. Las peleas entre grupos de diferentes favelas se volvieron peleas entre funkeros a los ojos de la policía y de los medios de comunicación, y los bailes pasaron progresivamente a ser criminalizados. El punto alto de la polémica fue un episodio que ocurrió el 18 de octubre de 1992, conocido como Arrastão do Arpoador.

Mc Leonardo hace hincapié en que el Arrastão do Arpoador fue un marco en el tratamiento de los medios de comunicación hacia el funk: “De allá para acá, los medios han dicho de todo: ‘El baile funk está embarazando a las jovencitas’ o inclusive que ‘el baile Funk transmite el SIDA’.”

En 1994, el Jornal do Brasil publicó en su editorial: “Desde las favelas de donde se expanden los de la marginación, el peligro no para de crecer. Disparos, guerras entre bandas, bailes funk, la basura arrojada hacia abajo, invasiones de reservas forestales, falta de respeto a la propiedad privada, todos por delante del delirio”. Los bailes terminaron marginalizados y salieron de los “clubes del asfalto” para limitarse al territorio de la favela.

En cuanto a los narcocorridos, también son acusados por los principales medios de comunicación de generar violencia. “Los medios difunden mucho esta versión como una forma de disimular la verdad, y ésta es que la violencia es por el desempleo, la corrupción gubernamental y la falta de oportunidades para los jóvenes. Hay mucha hipocresía de los medios, porque éstos le sacan mucho provecho a los narcocorridos, dice Andrés Contreras. “Televisa y TV Azteca saben que los narcocorridos tienen mucha demanda y elevan el rating. Por eso también exhiben muchas películas sobre narcotraficantes, donde se cantan narcocorridos.”

Las leyes condenan

Además de la ocupación y militarización de los territorios y de las campañas mediáticas, otro mecanismo es también usado para controlar las acciones y limitar la voz de los de abajo: las leyes. En Brasil, durante los años 90, el funk fue blanco de dos investigaciones por el parlamento, las llamadas CPI. Una en 1995 y otra en 1999.

Como resultado, en el 2000, fue aplicada en el estado de Río de Janeiro una ley que reglamentaba los bailes funk. “La ley decía que reglamentaba los bailes, pero la verdad los anulaba” enfatiza Mc Leonardo. Entre otras cosas, la ley determinó que cualquier baile funk debería ir acompañado por la policía militar, se volvieron obligatorios los detectores de metales y se prohibió la ejecución de música que hiciera apología del crimen en cualquier evento social. Correspondía a la fuerza policial juzgar la música que hacía apología o no del crimen; más de 30 bailes fueron cerrados.

En el 2008, la ley fue derogada y sustituida por otra que aumentó las fiestas rave (de música electrónica) en el reglamento. Además de eso, otra exigencia fue adicionada: cualquier baile funk o fiesta rave debería tener un contrato con alguna empresa de seguridad particular autorizada por la policía federal. En la práctica, quien no tenía dinero, no tenía fiesta. “Esta ley segregó aún más el movimiento empujándolo a la marginalidad, debido a que quien quería trabajar con el funk fuera de la favela tenía que cumplir una norma casi imposible de ser cumplida”, complementa el presidente de ApaFunk.

Los raves son comunes entre los jóvenes de clase media y alta en Río de Janeiro y siguieron llevándose a cabo; los bailes funk fueron aún más marginados. Esta ley fue conocida como la Ley Álvaro Lins, nombre del autor del proyecto que en esa época era diputado estatal por el PMDB y el ex jefe de la policía civil. En el mismo año en que se aprobó la ley, su autor tenía el mandato político perdido. Actualmente está preso y responde por los crímenes de lavado de dinero, corrupción, contrabando y formación de un grupo armado.

Para bien de la diversidad cultural, la ley fue derogada por unanimidad en septiembre de 2009 ante más de mil funkeros, diversos movimientos sociales y las baterías de las escuelas de samba que se reunieron enfrente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. En la misma sesión de la Asamblea Legislativa, el funk fue reconocido oficialmente como una manifestación cultural. Todo, gracias a la actuación y movilización de los funkeros del ApaFunk y otros actores de la sociedad civil, políticos, músicos e intelectuales.

Mc Leonardo celebra la victoria de esta batalla, pero pide responsabilidad: “Lo que hace que una ley tenga valor es la utilización de la misma como instrumento de cambio; de lo contrario, seria apenas una hoja de papel”.

En ese mismo año, el estado de Río de Janeiro adoptó una política de ocupación y militarización de las favelas, irónicamente llamada Unidades de Policía Pacificadoras (UPP) que afectó a los bailes funk. “Una de las medidas adoptadas cuando la policía ocupa una comunidad es prohibir el baile funk. En términos concretos los bailes continúan cerrados, la policía continúa acabando con el baile de la favela a balazos. Aun con la ley a su favor, el funk continúa criminalizado”, protesta Adriana Facina.

Mc Leonardo incluso va más lejos. Según él, con esta política “el fusil sólo cambió de manos” y agrega que “la UPP es la ocupación permanente del territorio. Los capitanes que están comandando la UPP son alcaldes, gobernadores y alguaciles. No se puede dar poder a la fuerza. La fuerza tiene que respetar el poder. A partir del momento que tú le das poder a la fuerza, ella se convierte en una dictadura militar”, completa Mc. Hoy, cerca de 15 comunidades de favelas cariocas están militarizadas. La previsión es que ese número aumente a 50 en el 2016.

En México, el escenario no es muy diferente y gran parte del territorio está ocupado por bases militares, sometiendo a los residentes de la periferia a un estado de excepción. Aquí desde los años 70, durante el primer boom de los narcocorridos, que también fue periodo de importantes operaciones contra la venta de drogas ilegales, el gobierno y las asociaciones de radiodifusión intentaron prohibir las composiciones que se ocupan de ese universo.

“Hay algunos estados, como Sinaloa, que lo prohíben”, dice Andrés Contreras. En los últimos años, los intentos de limitar la expresión corridista se volvieron más duros. Con base en la Ley Federal de Radio y Televisión (1961), que prohíbe transmisiones “contrarias a las buenas costumbres”, cerca de 70 emisoras de radio fueron multadas o cerradas por el gobierno por reproducir los “corridos prohibidos”.

Hasta enero de este año, lo que generalmente se veía en México eran limitaciones de las canciones a nivel regional. Sin embargo, el diputado federal panista Oscar Martínez Arce llevó la discusión al marco legislativo federal. De acuerdo con su proyecto de ley, cualquiera que produzca o difunda narcocorridos podría ser preso hasta por tres años.

Andrés Contreras ya fue detenido más de 50 veces por cantar corridos politizados (no considerados narcocorridos), lo que evidencia la falta de libertad en México. Contreras rechaza la censura: “La prohibición del narcocorrido es una violación a la libertad de expresión, es impedirle a alguien que, de manera musical, exprese su opinión o su visión sobre los personajes que andan en esos negocios. No por eliminar los narcocorridos van a desaparecer los narcotraficantes”, concluye.

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